Este
colectivo está formado por 550 bomberos forestales distribuidos en diez
bases por todo el territorio del estado, dependen del Ministerio de
agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y son contratados por la
empresa pública Tragsa, cuyo inmovilismo y despreocupación por el
servicio público de extinción de incendios, ha provocado, en plena
oleada de incendios, este largo conflicto laboral, que ya vivió las
pasadas semanas tres días de huelga a la japonesa en demanda
principalmente del reconocimiento de su categoría profesional, segunda
actividad y aumento salarial.
En
medio de esta insólita ola de calor que tenemos encima desde hace casi
un mes, evidencia de la gravedad y cercanía de los efectos del cambio
climático, estamos asistiendo espantados a la destrucción de nuestros
montes y puesta en peligro de poblaciones enteras, que tienen que ser
desalojadas ante el avance de las llamas. Aragón, Galicia, Cataluña,
Castilla y León y Andalucía han sido los tristes protagonistas estas
semanas en los telediarios nacionales. Aquí en nuestra provincia los
incendios de Loranca, Muduex o Humanes son solo los ejemplos más
reconocibles por las hectáreas abrasadas. Magnitudes que no son mayores,
entre otros, gracias a la incansable labor de los bomberos forestales
de las BRIF, que acuden a requerimiento de las comunidades autónomas
cuando se ven desbordadas por las dimensiones o dificultad de los
incendios.
Este
colectivo es la élite de los bomberos forestales, están entrenados para
la extinción de los grandes incendios forestales, aquéllos de más de
500 hectáreas, y se caracterizan por su alto rendimiento en las peores
condiciones y rapidez de respuesta, al ser brigadas helitransportadas.
Sin embargo sus condiciones de trabajo son inasumibles para afrontar la
tarea que la sociedad les ha encomendado, ya que no tienen reconocida su
condición profesional, sus contratos son temporales, con exigentes
pruebas físicas eliminatorias que deben superar anualmente, si no
quieren ser despedidos, con sueldos mileuristas, con centros de trabajos
básicos y equipos mínimos y el ninguneo constante de empresa y
ministerio que apuesta por la militarización del servicio para cuyo
propósito nunca faltan recursos.
Ante
esta situación, la inoperancia de la empresa y ministerio (sirva de
ejemplo que estas unidades de intervención rápida han tenido que
desplazarse por tierra a algunos de estos incendios porque no contaban
con sus helicópteros), convocaron tres días de huelga los pasados 15, 16
y 17 de julio, a pesar de lo que no abandonaron a la población del
medio rural y a la Naturaleza y estuvieron extinguiendo incendios
voluntariamente. Sin embargo, dado el inmovilismo de la empresa y
ministerio la
convocatoria de huelga se ha hecho indefinida desde el día 27 de julio
en demanda del reconocimiento de la categoría profesional de bombero
forestal, las enfermedades profesionales, segunda actividad y mejoras en
las condiciones laborales con un salario acorde al riesgo que asumen al
enfrentarse directamente con las llamas.
Por todo ello, Francisco Riaño y María Gallego Diputados Provinciales de Ahora Guadalajara, han expresado que “Toda
la sociedad, pero la de Guadalajara en particular, tiene una deuda con
las BRIF que ayudaron en la extinción de los peores incendios de nuestra
provincia, desde la Riba de Saelices a Humanes, pasando por Tortuero,
Aleas o Bustares, por lo que no podemos sino apoyar a estos trabajadores
en sus justas y merecidas reivindicaciones laborales, al mismo tiempo
que exigimos a empresa y ministerio la garantía de un servicio de
extinción de incendios forestales público y civil que además se base en
una verdadera política preventiva”. En este sentido además han mostrado “el
absoluto rechazo a la reciente modificación de la ley de montes que
vuelve a permitir el cambio de uso del suelo de los terrenos
incendiados, sin la necesidad de esperar 30 años, lo que abre de nuevo
la puerta a la especulación con los terrenos incendiados”.
